El debate sobre la implementación de tasas turísticas en Canarias ha vuelto al centro del panorama jurídico regional. El pasado 26 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolvió levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la ordenanza municipal de Mogán, permitiendo así la entrada en vigor de la tasa turística en ese municipio del sur de Gran Canaria.
Este fallo marca un precedente importante en la autonomía de los ayuntamientos canarios para regular el impacto del turismo en sus territorios, en especial en contextos donde la presión turística afecta a los servicios públicos y al entorno urbano.
¿Qué establece la tasa turística en Mogán?
La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Mogán contempla el cobro de 0,15 € por persona y noche a los visitantes que se alojen en establecimientos turísticos del municipio. Esta tasa será recaudada directamente por los alojamientos y deberá ser ingresada en las arcas municipales con una periodicidad determinada.
El objetivo de esta medida es revertir parte del impacto del turismo masivo mediante inversiones en sostenibilidad, limpieza, mantenimiento de infraestructuras y promoción turística responsable.
Contexto legal: la suspensión cautelar y su levantamiento
En 2024, la ordenanza fue impugnada por asociaciones empresariales del sector turístico, lo que motivó una suspensión cautelar dictada por el TSJC mientras se valoraba su legalidad. Las alegaciones se centraban en la supuesta competencia exclusiva del Gobierno de Canarias para regular este tipo de tasas, así como en su potencial impacto negativo en la competitividad del destino.
Sin embargo, el TSJC ha considerado que el municipio tiene competencias para establecer este tipo de tributos, siempre que estén debidamente justificados, reglamentados y no vulneren principios de proporcionalidad o doble imposición.
Implicaciones jurídicas y administrativas de la resolución
La decisión del TSJC implica que la ordenanza vuelve a estar plenamente vigente y el Ayuntamiento de Mogán puede iniciar el cobro efectivo de la tasa a partir de su publicación oficial y la entrada en vigor del reglamento. Las consecuencias son varias:
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Los alojamientos turísticos deberán adaptar sus sistemas de facturación para incluir esta tasa y gestionar su recaudación.
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Los visitantes serán informados del cargo adicional, que deberá figurar en sus facturas o comprobantes de estancia.
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Se abre la posibilidad de que otros municipios turísticos de Canarias sigan el mismo camino, especialmente aquellos que ya estudian medidas similares, como La Oliva o Adeje.
Debate abierto: entre la sostenibilidad y la presión al sector turístico
La reactivación de la tasa turística en Mogán reaviva el debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico canario. Por un lado, se defiende como una herramienta legítima para financiar servicios públicos que se ven sobrecargados por la afluencia de turistas. Por otro, parte del sector privado advierte sobre el riesgo de encarecer el destino frente a la competencia y generar cargas administrativas innecesarias.
El TSJC ha dejado claro que los municipios pueden ejercer sus competencias siempre que se respeten los principios legales, lo que podría motivar una oleada de ordenanzas similares en otros puntos del archipiélago.
Conclusión: un precedente clave para la fiscalidad turística en Canarias
La sentencia del TSJC que permite restablecer la tasa turística de Mogán constituye un paso firme hacia la autonomía municipal en la gestión del turismo, con una base legal sólida para aplicar medidas de fiscalidad directa orientadas a la sostenibilidad.
Desde el Despacho Jurídico Ana Rebeca Rodríguez, con sedes en San Cristóbal de La Laguna e Icod de Los Vinos, seguimos de cerca esta evolución normativa, y estamos a disposición de ayuntamientos, entidades turísticas y empresas del sector para asesorarles sobre sus derechos, deberes y adaptación a este nuevo contexto legal.
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