Un fallo histórico que reclama actuación inmediata de las instituciones
En junio de 2025, el Tribunal Supremo ha dictado una resolución sin precedentes en la que exige a la Administración General del Estado y al Gobierno de Canarias la adopción de medidas urgentes y efectivas para proteger a los menores migrantes no acompañados (menas) que se encuentran en el archipiélago.
Este fallo es consecuencia directa del colapso del sistema de acogida en Canarias y responde a una demanda de amparo presentada en defensa de los derechos fundamentales de estos menores. Se trata de una sentencia clave que pone el foco en una realidad humana y jurídica de máxima sensibilidad.
¿Qué ha motivado esta decisión del Tribunal Supremo?
El Tribunal ha tenido en cuenta la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de menores no acompañados que llegan a las costas canarias a través de rutas migratorias extremadamente peligrosas. Muchos de ellos quedan sin tutela efectiva, sin condiciones dignas de alojamiento y expuestos a riesgos físicos, psicológicos y sociales.
Organizaciones no gubernamentales, colectivos jurídicos y entidades de derechos humanos habían alertado desde hace meses del abandono institucional, y algunas asociaciones decidieron presentar recurso de amparo ante el Supremo, denunciando la inacción de los poderes públicos.
Medidas ordenadas por el Supremo
El fallo del Supremo no solo reconoce la vulneración del artículo 39 de la Constitución Española (protección de la infancia), sino que ordena actuaciones inmediatas para:
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Garantizar alojamiento digno y seguro para todos los menores.
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Asignar tutelas de forma inmediata, priorizando su interés superior.
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Coordinar recursos entre el Estado, el Gobierno de Canarias y los cabildos.
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Proteger especialmente a menores en riesgo de trata o violencia.
El tribunal ha dado un plazo máximo de 30 días para que ambas administraciones presenten un plan de actuación conjunto y verificable, bajo apercibimiento de posibles responsabilidades legales por incumplimiento.
Repercusiones jurídicas y sociales
Esta sentencia sienta un precedente importante no solo en el ámbito del Derecho de la Infancia, sino también en el Derecho Administrativo y Constitucional, al establecer que la omisión prolongada de protección de menores por parte de los poderes públicos constituye una vulneración directa de derechos fundamentales.
Además, pone el foco sobre la necesidad de reformar y reforzar el sistema de acogida, garantizar una financiación adecuada y establecer protocolos de coordinación interadministrativa en situaciones de emergencia humanitaria.
Canarias en el centro del debate
Canarias, como frontera sur de Europa, lleva años asumiendo en solitario la mayor parte del flujo migratorio que afecta a menores sin compañía. Esta sentencia podría impulsar una mayor implicación del Estado y de otras comunidades autónomas, algo que el Gobierno canario ha solicitado en repetidas ocasiones.
Desde el Despacho Jurídico Ana Rebeca Rodríguez, consideramos este fallo como un paso firme hacia la protección real y efectiva de los derechos de la infancia, y nos sumamos a la llamada a la responsabilidad de todas las administraciones implicadas.
Conclusión
La decisión del Tribunal Supremo marca un antes y un después en la gestión institucional de los menores migrantes. La infancia no puede esperar. El cumplimiento de esta sentencia será clave para garantizar la dignidad, seguridad y desarrollo de miles de niños y niñas que hoy dependen de un sistema colapsado.
📍 En el Despacho Jurídico Ana Rebeca Rodríguez acompañamos a familias en situaciones de vulnerabilidad y procesos legales sensibles que afectan a menores.
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