En enero de 2025, España ha implementado una reforma significativa en su sistema judicial con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce medidas destinadas a mejorar la eficiencia del servicio público de justicia. Esta normativa trae consigo cambios relevantes en los ámbitos del derecho civil y penal, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir la litigiosidad.
Novedades en el ámbito civil
- Obligatoriedad de medios alternativos de resolución de conflictos (MASC): Antes de iniciar un proceso judicial civil, las partes deberán intentar resolver sus diferencias mediante MASC, como la mediación o la conciliación, salvo en casos específicos. Esta medida busca descongestionar los tribunales y fomentar soluciones consensuadas.
- Reorganización de los órganos judiciales: Se crean los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados de primera instancia unipersonales, con el fin de mejorar la eficiencia y especialización en la administración de justicia.
- Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil: Se introducen cambios en la tramitación de recursos, como la supresión del recurso extraordinario por infracción procesal, y se promueve la celebración telemática de actos judiciales para agilizar los procedimientos.
Novedades en el ámbito penal
- Ampliación de los supuestos de conformidad: Se amplían las situaciones en las que el acusado puede aceptar su culpabilidad antes del juicio, lo que permite una resolución más rápida de ciertos casos.
- Regulación de la ejecución penal y justicia restaurativa: Se establecen procedimientos más claros para la ejecución de sentencias penales y se fomenta la justicia restaurativa, promoviendo la reparación del daño a la víctima y la reintegración del infractor en la sociedad.
- Incorporación de nuevos delitos y agravantes: La reforma introduce nuevos tipos penales y agrava las penas para ciertos delitos, adaptándose a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.
Impacto esperado de la reforma
La Ley Orgánica 1/2025 pretende modernizar el sistema judicial español, haciéndolo más ágil y accesible para los ciudadanos. La obligatoriedad de los MASC en el ámbito civil y las modificaciones en los procedimientos penales buscan reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y efectivas a los conflictos legales.
Es fundamental que tanto profesionales del derecho como ciudadanos se familiaricen con estas novedades para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones en el nuevo marco legal.
Este artículo ha sido redactado por el Despacho Jurídico Ana Rebeca Rodríguez, con sedes en San Cristóbal de La Laguna e Icod de Los Vinos, en Tenerife, Canarias. Nuestro equipo de expertos está a su disposición para asesorarle en materia de derecho civil y penal, y para ayudarle a comprender y adaptarse a las nuevas reformas legales vigentes.
