El alquiler vacacional en Canarias ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, convirtiéndose en un sector clave dentro del mercado inmobiliario y turístico. Sin embargo, la falta de regulación clara ha generado conflictos tanto en materia urbanística como en derechos de los consumidores y competencia entre modelos de alojamiento. En 2025, el Gobierno de Canarias ha aprobado una nueva ley de alquiler vacacional con el objetivo de ordenar esta actividad y establecer normas más estrictas para propietarios y plataformas digitales.
A continuación, analizamos los principales aspectos de esta regulación y sus implicaciones para propietarios, arrendadores, comunidades de vecinos y plataformas de alquiler vacacional como Airbnb o Booking.
1. Objetivos de la nueva regulación del alquiler vacacional en Canarias
La nueva normativa busca:
✔ Regularizar la actividad para evitar la proliferación de alojamientos ilegales sin los permisos adecuados.
✔ Equilibrar el acceso a la vivienda en zonas tensionadas, donde el alquiler turístico ha reducido la oferta de vivienda residencial.
✔ Proteger los derechos de los consumidores garantizando estándares de calidad, transparencia y seguridad en las viviendas ofertadas.
✔ Establecer obligaciones claras para propietarios y plataformas con sanciones en caso de incumplimiento.
Esta ley responde a la creciente presión social y a las recomendaciones de organismos internacionales para garantizar un turismo sostenible y una convivencia adecuada entre residentes y visitantes.
2. Principales cambios en la normativa del alquiler vacacional en Canarias
📌 Registro obligatorio y número de identificación única
Todos los propietarios que deseen alquilar su vivienda con fines turísticos deberán inscribirla en un registro oficial y obtener un número de identificación único, que deberá incluirse en todos los anuncios publicados en plataformas digitales.
El objetivo es evitar el fraude y permitir a las autoridades controlar mejor las propiedades ofertadas en alquiler vacacional.
📌 Restricciones en zonas tensionadas y áreas protegidas
La normativa establece que en zonas de alta presión turística o escasez de vivienda residencial, los municipios podrán limitar o prohibir el alquiler vacacional en determinados barrios o edificios.
Además, en espacios naturales protegidos o entornos rurales con alta carga turística, la nueva ley prevé restricciones específicas para evitar la sobreexplotación del territorio.
📌 Obligaciones para los propietarios
Los arrendadores deberán cumplir con una serie de requisitos para garantizar la calidad y legalidad de la oferta:
✔ Contar con licencia de uso turístico y cumplir los requisitos urbanísticos.
✔ Disponer de certificado de habitabilidad y asegurar que la vivienda cumple con estándares de seguridad.
✔ Mantener seguros de responsabilidad civil en vigor.
✔ Garantizar que la vivienda esté amueblada y equipada adecuadamente.
✔ Informar a los inquilinos sobre normas de convivencia y uso responsable de la propiedad.
✔ Pagar los impuestos correspondientes derivados de la actividad.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones económicas y la prohibición de operar en el mercado.
📌 Obligaciones para las plataformas digitales (Airbnb, Booking, Vrbo, etc.)
Las plataformas de alquiler vacacional tendrán la obligación de:
✔ Verificar que los anuncios publicados incluyen el número de registro oficial.
✔ Retirar los anuncios que no cumplan con la normativa vigente.
✔ Suministrar información periódica a la administración pública sobre las propiedades en oferta y los ingresos generados.
✔ Bloquear las publicaciones de alojamientos no autorizados.
El incumplimiento de estas medidas puede conllevar sanciones de hasta 300.000 euros para las plataformas.
3. Sanciones y medidas de control
La ley establece un régimen sancionador con multas proporcionales a la gravedad de la infracción.
📍 Infracciones leves (multas de hasta 3.000 €):
- No incluir el número de registro en los anuncios.
- No informar correctamente a los inquilinos sobre las normas de convivencia.
📍 Infracciones graves (multas de 3.000 a 30.000 €):
- Alquilar una vivienda sin licencia turística.
- No declarar los ingresos obtenidos por alquiler vacacional.
- Incumplir normativas de seguridad o habitabilidad.
📍 Infracciones muy graves (multas de 30.000 a 300.000 €):
- Publicar anuncios falsos o fraudulentos.
- Operar varias propiedades sin autorización.
- No retirar anuncios ilegales tras requerimiento de la administración.
4. Impacto de la nueva ley en propietarios y arrendadores
Para los propietarios que ya operan en el mercado de alquiler vacacional, la nueva regulación implicará una mayor carga burocrática y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias legales. Sin embargo, también proporciona mayor seguridad jurídica, al garantizar que la actividad sea reconocida y regulada formalmente.
Para los inquilinos y residentes en zonas turísticas, esta ley supone una protección ante el encarecimiento del alquiler tradicional y una mejor convivencia con la actividad turística.
En el caso de las plataformas digitales, se refuerza su responsabilidad y se establecen controles más estrictos para evitar el fraude y garantizar el cumplimiento de la normativa.
5. Conclusión: una regulación necesaria para un turismo sostenible
El alquiler vacacional en Canarias ha sido un motor económico fundamental en los últimos años, pero también ha generado problemas de convivencia y accesibilidad a la vivienda en muchas zonas. La nueva ley de 2025 busca equilibrar los derechos de propietarios, arrendadores y residentes, asegurando que la actividad se realice con transparencia y dentro de un marco legal claro.
Si eres propietario de un alquiler vacacional, es imprescindible que te asesores legalmente para adaptarte a las nuevas exigencias y evitar sanciones. En el Despacho Jurídico Ana Rebeca Rodríguez, con sedes en San Cristóbal de La Laguna e Icod de Los Vinos, en Tenerife, estamos a tu disposición para resolver todas tus dudas y garantizar que tu alquiler vacacional cumpla con la normativa vigente.
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